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fundas de la enfermed.d. Los documentos de Punta del Este, al fin y al cabo, expresiones oficiales de los gobiel"

nos signatarios, no pudieron ser específicos en esie sen·

tido, tpelO DI no valcual con miÍ5 detalles las condiciones

políticas indispensables para el des8n 0110 económico, elu– den dar la pauta piaa solucionar situaciones C':oncretas que

halán imposible la aplicación y el éxito de los proglmnas

de la Alianza para el Pr09reso.

V

Este estudio no respondería al interés de los lecto'"

res que han tenido la paciencia de leello hasta aCluí, si no nos refiriéramos de manera conet eta a nuestra propia'

realidad nadonal como campo de aplic~dón de una Polí..

fica Fiscal fundada en 105 objetivos de la Alianza para el

Progreso. Cumplir adecuadamente con esta demanda, requiere un análisis muy comple~o de nuestro sistema fis– cal -que desde luego estamos obligados a intentar– ¡:Jero ocuparía muchas mas páginas de las que ahQI a po– demos disponer. Podemos sin emb.ugo plantear la cues– tión en dos interrogaciones principales: 1) Puede el con– tribuyente nicaragüense recibir el impacto econ6mico de

una reforma tributaria que ineludiblemente resuit~á en una imposición mnyor que la actual? 2) I:stá nuestro go– bierno ca,padtado instifutionalmente para ejecutar el tipo

de política fisc~1 que !lelnas esbozado, y que se in'!ipira

en los posfulBdos de la Alhmza para el pjogl'eso? Desde el punto de vista e$trict¿¡men~e económico puede afirmarse en términos generalc5 que ciertos sedo–

res económicos pueden resis~ir Ulla mayor carga impo¡i–

tiva sin graves consecuencias para la

I entabHiclad de la producción. Una afirmaci6n tan radical debe fundarse

desda luego en una prueba cmwtncer.te, y debemos con–

fesar que no poseemos 105 datos suficientes en ~tJe sus– tentarla. Das razones im¡Joltan~es nos inclinan a man– ienerla como cierta: al La o,pinión au~OI izada del Bai"lto

Iliternélcion~1 de Reconsfrucción y Fomenfo, que desde el

aiío 1950 estimaba que püta 105 próximo¡s periodos, el

Impuesto sobre la Renta podría colectar aproximndamente

sesenta millones de córclob~s Por tan~o si dicho impues–

to "'-por tazones que no son del caso mencionar-o ha te– nida: en los últimos diez años una recaurlacción inferior: a veintitrés millones es evidente que en las condiciones

de Ingreso Nacional de 1960 y los sigui.entes la capacidad tributaria no puedo ser infel ior a lo estimado como colee–

table en 1950 b) En países de estruc!ura y e.iado ele desa· rrollo econémico similar al nuestro, el Impuesto Sobre la Renta I epresenta ¡porcentajes de los Íi,gl esos públicos SU~

perio'res al de Nicaragua donde es inf-erior al 10%

Mas importante que la capilcidad cuantHativa, es la

disposición social del contribuyente para pagar más im– puestos. Pero como lo expresamos de manera abs1racta

y gene. al, de la actitud del contribuyente depende su con~

cepto sobre el interés público y del respeto que re merez–

ca el Gobie'rno como adminisfl ador ue los fondos del pue– blo. Si en nuestro pab parec:e e}';:istir un mayor gH'ldo de conciencia social en la ciudadanía que no hace difícil un

reaíuste mental en la opin.ión ¡pública pma t'lsimilür nuevñs

actitudes, la desconfianza en el ar.tual régimen político

es un valladar insalvable ¡Jara que una buena disposición

de la ciudadanía se traduzca en mi'lyor efectividad con– tributiva. Es evidente que el contribuyente -ante nues..

tra realidad polílica- seguirá sintiéndose justificado pa· ra practicar la evasión fiscal en la medida de su capaci.

dad y habilidad para eludir el impuesto.

Lo respuesta a nuestra segunda interrogación, podrá

ser interpretada como política y partidista por muchos, pero su objetividad deberá ser indi$cutible para: quienes tengan la suficiente serenidad par.1 valora.·la. El Gobier.. no de Nicaragua carece de la capacidad institucional para adaptarse eficazmente a una política fiscElI de acuerdo con

los ohielivos de la Alianza para el P",greso. Tal inca·

pacidad, se Iplantea en los siguientes campos: 1) En lo

político; 2) En lo presupuestario y en lo técnico.

1) Puede el régimen actual resolver el problema po–

lítico de tal manera que resulte en un ambiente de peZ y

estabilidad indispensables para el desarrollo económico?

Los acontecimientos políticos cotidianos dan 'su res– puesta cabal a esta pregunta y sería ocioso agregar co– mentarios. Econémicamente hablando

t

el sostenimiento

del poder ,político sin 01 suHciente consenso ciudadano, condiciona políticamente la aplicación del sistema tribu.. hrio y obliga al gqbierno a gastos militares, propagan– dísticos; etc., que no tienen asidero en ningún programa de desarrollo.

2) Debe decirse -en lo pres.upuestaria- que la ordel1t1ci6n sistemática del Presupuesto Nacional de Nica– ragua es simplemente defectuosa como clasificación de los ingreso:s y etlresos estatales, pues no proporciona cri– tedos ¡para poderlos evalual' en sus efectos dentro de un

programa global de desarrollo económico. Así por ejem. 1'10, el.sific.. los gastos públicos por su finalidad externa

o por la dependencia administrativa que los reali:z:a, no es suficiente p.1ra apreciar sus efectos económicos. Por olra parte, la subdivisión que se usa actualmenie en los pre·supuestos nicaragüenses, entre gastos corrientes y gas.. fos de c.apital, de aparente significación económica, es

muy simplista y fádlmente se nota la colocaci6n arbitra–

ria de las partidas. Ahora bien, tales aspedos puramen–

te formales del sistema tributario, pueden solucionarse con relafiva facilidad. Lo realmente importante es lo que podríamos llamar la ordem~c:ión real del presupuesto en cuanto manifestación de una estructura gubernativa in– trínsecamente ligada a 1& modalidad política del régimen gobernante. Nuestros gastos ¡públicos gravitan sobre

nuestra economía. como simple carga o costo de fun¿io ..

nes adminisfriitivas de muy baio rendimien~o, y de servi–

dos públicos ineficientes. Pocos ejemplos serán suficien– tes como ilustración de ICls anteriores aseveraciones. Apar.. tando toda suspicacia política es inadmisible desde el

ángulo cc.onómlr.o que en un país como el nuestro se de– dique más del 25% del Presupuesto al mantenimiento de

los g3StOS milita! es que ni directa ni indirectamente son indispensables para el desarrollo económico.

Ante estas realidades, la teoría de la política fiscal de la Alianza para el Progreso, pierde toda su consisten–

cia como in51. umenfo de desarrollo económico a,plicable a

Nicaragua En este caso, la obie~ividad intelectual del

economista al exponer conceptualmente los principios, tiene que dar paso a la responsabilidal moral del ciuda–

dano al infentar plasmarlos en u~a realidad concreta. Y si la po.lítka f!scal moderna que contempla un grada de intervención estatal ml:'cho mayor que la acostumbrada, es admisible aun dentro del modus operandi de la socie–

dad libre y el sistema de mercado, sería en cambio peli–

groso instrumento de opresión en regímenes ,políticos que no se fund~n auténtica y efectivamente en la Democra– cia Representativa.

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