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certar y debilitar la pOSIClon del vecirrz> régimen dicta– torial y aun en otros, ha representado, sin duda, una actitud cínica y oportunista de parte de un régimen dic– tatorial que farisaicamente reconoce la bondad de esos ideales que sabe son populares dentro y fuera de su ca– sa

Cualesquiera que fueran los motivos, las resolucio– nes y declaraciones inter-Americanas comenzaron a re– ferirse a la libertad y a la democracia no s6/0 como idea– les sino también como conceptos puestos ya en práctica Así la Resolución XVII de la Conferencia Inter-Americana para el Mantenimiento de la Paz, sostenida en Buenos AiJ es en 1936, declaró "que las Naciones Americanas, fieles a sus instituciones republicanas, proclaman su ab– soluta libertad jurídica, su irrestricto respeto por sus res– pectivas soberanías y la existencia de una democracia a través de América" Los delegados hicieron esta declara– ción, "habiendo considerado: Que ellos gozan de una conformidad común en su forma democrática de gobier– no y en sus ideales comunes de paz y justicia" Esto, si bien fue un cumplido para algunos gobiernos, ciertamen– te fue un insulto para otros' Cada sucesiva conferencia

y reunión ha reiterado declaraciones similares, todas, ca– si tan remotas, de la realidad El preámbulo de la Cons– titución de la Organización dE: Estados Americanos (OEA) declara "que la verdadera significación de la solidaridad Americana y buena vecindad sólo puede significar la con– solidación en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, de un sistema ele libertad in– dividual y de justicia social basada en el respeto de los esenciales derechos del hombre" La más reciente, la Declaración de Santiago de Chile, afirma que "el princi– pio del estado de derecho debe estar asegurado por la separación de poderes", que "los gobiernos de las Re– públ icas Americanas deben provenir de elecciones li– bres", y que "los derechos humanos . deben estar pro– tegidos por efectivos procedimientos judiciales"

Aunque tales documentos no pueden considerarse como una exposición del derecho internacional ni aun entre los Estados Americanos, es realmente cierto que ellos demuestran un creciente deseo de hacer obligatorio a cada estado el proveer ciertas garantfas constituciona· les a los básicos derechos humanos Significa al menos que "el terreno ha sido preparado, y en alguna conferen– cia inter-Americana del futuro surgirá la sensación de que las semillas sembradas en Bogotá han fructificado Estas libertades y estos derechos humanos estarán tan firme– mente fincados en el pensamiento de las Américas que no se tolerará ninguna desviación de ellos

Ninguna conferencia ha llegado a hacer esto, pero el número de estados que han pedido individualmente que aquellos documentos tengan fuerza legal, ha ido en aumento Ya hemos hecho referencia que en 1945 el gobierr¡o del Uruguay adoptó esa posición y que fue apoyado por Guatemala, Panamá y Venezuela En su contestación, el gobierno de Guatemala observó que la nota IJruguaya "apoyaba con todo el vigor de la tradi· ción democrática del Uruguay, la posición que la dele– gaCión Guatemalteca, respondiendo al sentimiento ge– neral del Gobierno Revolucionario y el pueblo de la Re–

~úbli~a, tuvo el honor de presentar . en la Conferen. cla de Chapultepec"

En vista de la poslclon que adoptó en la Reunión de Consulta de Santiago de Chile, el Gobierno de Cuba pareció haberse agregado a esta lista (al menos tempo– ralmente) Mas en esta misma reunión Guatemala pa– reció haber vuelto a colocarse en una posición mas de– fensiva (temporalmente, quizá) al favorecer solamente una reunión que preparara una conferencia que tratara de sanciones contra la agresión En Enero de 1960, el Presidente del Brasil ofreció muy limitado apoyo, y en Febrero, Venezuela de nuevo demandó que la OEA in– terviniera para proteger los derechos humanos en la Re– pública Dominicana

Así, pues, mientras estos documentos representan en verdad las aspiraciones populares, en años recientes han tenido igual importancia en otros aspectos Han pro– veído una conveniente justificación y una conveniente norma para denunciar a un régimen vecino, ora cuando éste sea una amenaza a la seguridad del gobierno que emite la denuncia, o cuando tal denuncia sirve los inte– reses de la política doméstica Hemos visto que proveen una conveniente justificación para demandar la interven– ción colectiva y aun para insinuar veladamente el dere– cho de una intervención unilateral En resumen, son usados como un tipo de arma "legal" para atacar la in– terpretación absoluta del principio de no-intervención es– pecialmente en respuesta a inmediatos requisitos polí– ticos o de seguridad Como esta tendencia viene hacién– dose más pronunciada y por lo tanto se mueve cada día más y más lejos del principio de no-intervención, la ten– sión entre los dos viene haciéndose más seria. Este es el problema que ahora confronta el sistema inter-America– no

VI

No puede dudarse que el prinCipiO de no-interven– ciÓn está todavía generalmente considerado como funda– mental en el sistema inter-Americano, que los gobiernos del continente lo consideran como una regla de derecho, y de que están convencidos que rompen la ley cuando lecurren a la intervención Es un hecho, sin embargo, que en las últimas dos décadas Centro-América y el Ca– ribe han visto, probablemente, más casos de intervención que cualquier otra región del mundo fuera de la esfera soviética Además, muy pocos estados en esta área pue– den, sinceramente, alegar inocencia

Cuando un gobierno se siente amenazado por un ré– gimen vecino con una orientación antagónica ideológica

y política (o cuando sus intereses domésticos y externos hacen conveniente pintar a ese régimen como una ame– naza) existe una tendencia creciente en insistir sobre el derecho de intervención colectiva Pero casi invariable· mente la intervención que se pide está dirigida a un ré– gimen específico Así, el Uruguay pidió la intervención contra las dictaduras tipo Nazi, los Estados Unidos pidie– ron la intervención en contra de regímenes dominados por el comunismo, y Venezuela y Cuba han pedido un

cordón sanitario alrededor de los regímenes de Trujillo, Somoza y el Paraguay Cualquier propuesta de ¡¡ensar sobre intervención en términos más abstractos tien~ muy poco atractivo Cada gobierno, por supuesto, teme que alguna característica de su propio sistema político, eco– nómico y social serfa la base para una discusión e inves-

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