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comportamiento ético en aquellos que dirigen la cosa pública. No se puede disentir con el principio de que todos los funcionarios deben actuar con integridad firme, imparcialidad absoluta y completa dedicación al interés público. Este principio debe seguirse no sólo en la rea– lidad sino también en la apariencia. Pues la base de un gobierno eficaz es la confianza pública, y dicha confianza peligra cuando las normas de ética se resquebrajan o sim– plemente parece que se resquebrajan.

Tengo plena confianza en la integridad y en el celo de aquellos que trabajan para nuestro gobierno. La ve– nalidad en la conducta de los funcioanrios públicos de este país ha sido relativamente rara; y los pocos casos de. falta de decoro en los círculos oficiales que se han descubierto, por lo general no constituían una desviación muy grande de las normas elevadas de ética y de conducta moral. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, se han producido incidentes que nos recuerdan que las leyes y los reglamentos que rigen la ética gubernamental, ya no corresponden a la mision actual del Gobierno federal, ni a las condiciones actuales de nuestra sociedad que ha sufrido una alteración profunda. Además, muchos de los problemas de ética con que se enfrentan nuestros emplea– dos públicos, se han tornado tan complejos que des~fían

soluciones sencillas dictadas por el sentido común de per– sonas de buena voluntad que desean seguir las normas más elevadas de conducta, y no se ha logrado llegar a soluciones adecuadas por una falta de pautas reguladoras generales. Como resultado de todo esto, muchos obser– vadores precavidos han expresado su preocupación acerca de la tónica moral de nuestro gobierno y acerca de la ne– cesidad de reafirmar principios básicos en su aplicación a los hechos contemporáneos.

Desde luego que los funcionarios públicos no forman un grupo aparte. En ellos se refleja, inevitablemente, el tono moral de la sociedad en que viven. Y si ese tono moral se lastima, por concursos atléticos o de televisión arreglados de antemano, por acuerdos ilegales tendentes a fijar los precios, por la colusión de hombres de negocios

y sindicatos con el crimen organizado, engañando al fisco mediante la cuenta de gastos de representación, haciendo caso omiso de las leyes de tránsito o eludiendo la paga de impuestos de poca cuantía, entonces la conducta moral de nuestro gobierno tiene que quedar afectada. Inevita– blemente, las normas morales de una sociedad ejercen in– fluencia sobre todos aquellos que viven dentro de ella: los que son gobernados y los que gobiernan.

La respuesta final a los problemas de ética en el go– bierno es que haya ¡personal honrado en un ambiente honrado. No es posible tener una red de estatutos y reglamentos, por minuciosa que sea su elaboración, que pueda prever los. millares de peligros que pueden surgir para la integridad de una persona o para su devoción al interés público. A pesar de esto, se necesitan reglamen– tos formales, reglamentos que puedan establecer pautas claras de política, sancionar la venalidad y la doblez y señalar un tono ético general para la conducta del negocio público.

Este reglamento, al señalar las normas morales más elevadas, debe cuidar de no causar dificultades al go– bierno para el reclutamiento de un personal de la más alta éalidad y ¡pericia. El gobierno de Iioy'necesita hom– bres y mujeres que tengan un amplio campo de experien-

cia de conocimiento y de capacidad. Necesita cada dlá

m:yor número de personas con talento ejecutivo de prió merísima calidad. Necesita cientos de asesores y de pe< ritos que trabajen para el gobierno en forma no continua_ da, para resolver problemas que se toman. cada día más complejos y más técnicos. En suma, necesitamos recurrir a

todo el acervo de conocimientos y de talento de nuestro país para ayudarnos a llevar el negocio más importante de nuestra generación: la cosa pública.

Esta necesidad de atraer todos los recursos humanos de nuestra nación para cuestiones de orden público ha borrado la distinción entre la vida pública y la ¡privada. Ha causado una corriente incesante de gente que entra y sale en la vida de los negocios, la vida académica y el gobierno. Nos ha obligado a contratar con instituciones privadas y a solicitar la ayuda de asesores privados para desempeñar trabajo público im¡portante. y como resul– tado ha habido un cambio muy rápido entre los emplea– dos de gobierno de carrera, cambio que llega a un veinte por ciento al año. Y, cama consecuencia, ha aumentado en forma alarmante el ,riesgD de cO';lflictos de interés y a la vez ha complicado el problema de mantener normas de ética.

Estas dificultades nuevas y problemas viejos me in– dujeron a nombrar, inmediatamente después de mi toma de posesión, a tres distinguidos abogados para que re~i­

saran nuestras leyes y reglamentos actuales sobre conflic– tos de interés. Este grupo se componía del Juez Calvert Magruder, Juez de Circuito del Primer Circuito Judicial, ya retirado; del Deán Jefferson B. Fordham, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, y del Pro– fesor Bayless Manning, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vale. Las ¡propuestas que presenta este mensaje se basan, en gran parte, sobre su trabajo, así co– mo en el de otras personas que han estudiado el problema en años recientes.

Este grupo redactó sus recomendaciones después de hacer un estudio cuidadoso y de revisar el trabajo de otros grupos, particularmente el del informe del Subcomité Anti-Trust del Comité Judiciario de la Cámara de Repre– sentantes 'bajo el RepresentanteCeller, en 1958; el estudio hecho en 1951 por un subcomité del Comité del Senado sobre Trabajo y Asistencia Pública bajo el Senador Dou– glas; el reciente informe de la junta del subcomité del Senado sobre el Sistema de Política Nacional del Comité sobre Operaciones Gubernamentales bajo el Senador Jackson, y las valiasas apreciaciones llevadas a cabo du– rante la última administración por la rama ejecutiva.' y por la Asociación de la Barra de Abogados de la ciudad de Nueva York.

Todos estos estudios han puesto de relieve cuán serio es el problema con que nos enfrentamos. Todos reco– miendan que se, enmiende, .modifique y refuerce esta anticuada y enredada colección de estatutos y reglamen– tos, para poder tomar en cuenta nuevos ¡problemas. Si las propuestas varían en cuanto a los detalles, todas su– brayan unánimemente la necesidad de aprobar nuevas leyes y nuevas medidas ejecutivas.

1. ' REFORMA EJECUTIVA

Hay siete estatutos de aplicaci6n general llamados estatutos de "conflictos de interés". Hay muchos otros que tratan de cargos particulares o de categorías muy

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