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sobre la baja que ha dado a los soldados, de que ya no cabe dudar no obstante las órdenes contrarias del gobierno, Muñoz contesta que era cierto que había dado de baja a los soldados, "le;> porque es muy sabi– do que no se puede hacer el servicio con tropas que no se pagan, y que si bien pueden sufrir el retardo de su sueldo, es imposible que puedan vivir sin su rancho; 29 porque el Supremo Director, desde que or– denó se ej ecutase la ley del 17 del corriente (junio) debió calcular sus efectos, y 39 porque no tenían nin– gún motivo para dudar de mi aserto, pues en mi ca– rácter ya particular, ya oficial, me cabe la honra de no tener la inmoralidad de faltar a lo que digo". Lo esencial de esta actitud estaba en el segundo punto. A Muñoz lo que le dañaba era la derogatoria de sus reglamentos militares. El ejército siempre había sabido pasarse con privaciones. Ahora esto servía de prptexto al General para ejercer presión contra el gobierno.

Terminaba esta nota Muñoz con una velada amenaza. Quería que el Supremo Director estuviese al tanto de que "esta situación es sumamente preca– ria y peligrosa, y tengo motivos para creer que de un momento a otro varíe la faz de las cosas".

El 28 McMuñoz escribió al Ministro diciéndole que era imposible mantener la organización del ejé1'– cito como el gobierno lo había dispuesto; y en esa misma fecha dio un paso verdaderamente delictuoso. Publicó Muñoz una proclama a los nicaragüenses escri– ta en una forma en que claramente se incitaba a los militares al levantamiento contra el Gobierno. Repi– t'endo intencionadametne una frase del gobierno, de· cía: ciertamente es incalificable "disolverse pacífica– metne tropas a quienes se les debe y no se les paga", mientras los Poderes Supremos contaban con su teso– ro particular para no pagarse sus sueldos; que se aumentaba el valor de los vales emitidos, "mientras que al sufrido soldado no se le paga su miserable prest". Ciertamente es un suceso incalificable que es– tos' valientes acreedores arrimen sus armas y se re– tiren sin verter una queja. Ciertamente era un he– cho incalificable que jefes y oficiales después de muo chos años de sólo cumplir deberes, tomasen el fusil para hacer faena de centinelas como simples soldados.

A las razones expuestas que detenían al Direc– tor en Managua, se agregaba ahora esta actitud ame– nazante del poder armado. Esto motivó la carta de Pi– neda del 30 de Junio al Obispo Viteri y Ungo, pidién– dole su respetable cooperación para detener el golpe que "se ha estado preparando al orden, que tantos sacrificios ha costado, y en el que está interesado el crédito del Estado sobre el cual está fijo el ojo de las naciones por las bien conocidas ventajas que po– see". La carta fue redactada en un tono tan enérgi– co sobre el poder del Obispo para conjurar la conspi– ración, que fácilmente inducía a pensar que aludía a que el Prelado formaba parte de ella, suposición que adquirió más seguridad cuando el Lic. Castellón acu– só a Viteri de haber incitado a la rebelión que al fin se produjo. Pero ahora está claro que se refería a la actitud de Muñoz que al fin de revelaba en público con los tonos subversivos de su proclama impresa del

28 de Junio

Por otra parte, en León produjo disgusto la ac– titud de Pineda porque dilataba su ingreso a León. y le atribuían que intentaba situar de fijo la capital primero en Managua y luego en Granada. Pineda cre– yó que lo mejor era dejar el poder, y así el 3 de Ju– lio envió su renuncia al Congreso.

La renuncia de Pineda es más explícita sobre los peligros que corría su gobierno. Manifiesta en ella que apenas declarada su elección por el Congreso, co– menzaron a manifestar su disgusto pocos pero nota– bles individuos, y hasta se publicó un folleto que le atribuían ideas y propósitos contra el pueblo. Esta maléfica voz aumentaba su eco hasta el punto de que Pineda llegó a a considerar peligrosa para la paz del Estado su presencia en la primera magistratura.

Pineda no era ambicioso, no había solicitado el

Según el Lic. Francisco Castellón, los regla– mentos derogados ponían en vigencia las ordenanzas del ejército español publicadas en la Península hasta el año 1843, pero sin acomodarlas a la Constitución de Nicaragua. Por esos reglamentos, todos los nicara– güenses eran militares y quedaban sujetos a la espa– da del Gral. Muñoz, "para quien la Constitución es na– da" y las ordenanzas todo, porque eran la base de "su poder y de su omnipotencia". "Estos reglamentos -continúa Castellón- abrían el sepulcro en que de– bían sepultarse la libertad y los sagrados derechos de los nicaragenses, y quizá de todos los pueblos centro– americanos. Con esos reglamentos (Muñoz) era todo, sin esos reglamentos quedó reducida a la nada, y es– ta es la razón porque le ha sido tan sensible el que se declarasen sin vigor".

El 18 escribió Muñoz al Ministro de la Guerra, recalcando las dificultades que pasaba la tropa por la faltade pago completo, hasta el punto de haber tenido que pedir prestados cien pesos para los gastos más urgentes; al mismo tiempo amenazaba con que se vería precisado a permitir a los soldados que se reti– rasen a sus casas. dejando a los oficiales al cuidado de los depósitos, pero abonando los otros puestos de guardia.

Fruto Chamarra le contestó con fecha 21 de Ju– nie de orden del Director, diciéndole que aunque casi siempre había estado la fuerza pública en la misma necesidad, sosteniendo el orden con heroico sufri– miento, nunca había amenazado al gobierno con disol– verse: que el Poder Ejecutivo solicitaría del Legisla– tivo los medios para pagar al ejército con la posible puntualidad, en la medida que lo permitiera el gra– vamen que había dejado la pasada administración. Y en cuanto a lo más grave, que era dispersar la tropa, Fruto Chamarra le prevenía: "En ningún caso disuel– va Ud. la fuerza pública, cuya dirección a él correspon– de (al Director) por la Constitución. sin obtener or– den previa; y en caso contrariar, desde ahora hago a Ud. responsable de los resultados que esto traiga".

En esto llegó a conocimiento de Muñoz lá ley (lUe deroga sus reglamentos militares, y no pudiendo disimular su despecho. escribe al Ministro Chamarra, que esa ley destruía "toda organización militar"; que hacía retrogradar al Estado "al caos en que estuvo en años anteriores; y como era imposible seguir en el servicio a cualquiera que "algo conozca la profe– sión miltiar", reiteraba su renuncia al Director.

El 23 de Junio, otra comunicación de Muñoz. Aparenta estar satisfecho con las promesas del Minis– tro de la Guerra: pero esto es sólo para mostrarse im– parcial; pues insiste en sus puntos de vista. Hace una reseña de los sufrimientos y trabajos que le ha cos– tado la organización de las fuerzas armadas desde

1845. "Esta -dice- era una empresa suoerior a todo esfuerzo, porque para lograrla tenía aue luchar contra las ideas erróneas que hay en el país respecto de la fuerza militar, contra las costumbres de un pueblo en– vuelto siempre en la anarquía, contra el desefreno de hombres que, con el nombre de soldados, estaban acos– tumbrados a entregárse a ]a licencia y disolución, y que era imposible poderlos sujetar al severo rég;men de la Ordenanza".

Cuál ha sido la recompensa?, pregunta el Ge– neral. El odio al ejército por parte de los Que lo mi– ran como un obstáculo para destrozar al Estado. Mu– iíoz asegura que otros han destruido la obra de sus sacrificios y de los buenos patriotas que le han ayu– dado. Insiste en que se dicte l,lna medida pronta, por– que no era posible que los oficiales slguieran cus– todiando los depósitos como si fueran soldados.

El, Ministro Chamarra pide informes al General

de milicias de acuerdo con la ley del 31 de octubre de 1825' establecer el fuero militar; restituir la Co–

mandan~ia General, pero el Gobierno se reservaba la facultad de reasumirla en el Ministerio de la Guerra, siempre que lo estime c?~veniente; res~r:in~ir, en fin, la atracción de fuero mIlltar ·para el eJercIto en pla– za.

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